martes, 16 de mayo de 2017

ABORTO LEGAL Y SEGURO PARA NO MORIR


En estas últimas semanas en Venezuela se han suscitado episodios de violencia y protestas por sectores que exigen la renuncia inmediata del presidente Nicolás Maduro. La respuesta ante estas exigencias ha sido la propuesta de conformar una Asmablea Nacional Constituyente. Se han desbordado las redes a través de opiniones y análisis de esta coyuntura política, social y cultural por la que estamos atravesando, de igual forma muchos movimientos sociales y colectivos se han re-pensado propuestas que pudiesen modificar nuestra legislación en pro de garantizar los derechos de todxs.

Tanto las mujeres, como la comunidad sexodiversa y las lesbianas feministas consideramos que de ser la Constituyente un verdadero espacio de encuentro, reflexión y aporte es necesario plantearse propuestas que solventen las situaciones de discriminación e injusticia que día a día se originan en nuestro país. El aborto ha sido un tema controversial que han puesto en discusión los movimientos feministas, y ha sido obviado evidentemente por razones de tabú, misoginia y sin duda alguna por la tara heteropatriarcal instaurada en el pensamiento del Estado.
En el año 2014 durante la sexagésima novena Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se solicitó al Estado venezolano la revisión y modificación de la ley del aborto, donde se permita la interrupción del embarazo, tomando en cuenta los embarazos producto de violación sexual e incesto, pues el índice de mortalidad de mujeres y de embarazos en niñas y adolescentes, según esta oraganización es muy alto en nuestro territorio.

Las mujeres venezolanas no cuentan con la atención, ni con el apoyo adecuado cuando deciden practicarse un aborto, por esta razón son victimas de la especulación y corren riesgos de obtener tratamientos no adecuados y a practicas abortivas altamente peligrosas, además de los maltratos que reciben en los centros de salud cuando asisten a causa de un aborto mal practicado. Existe una obvia desidia por parte del Estado al no tomar cartas en el asunto con respecto a este tema, donde sigue estando penalizado el aborto por contemplarse como un delito. Esto queda claramente tipificado en los artículos 430 y 431 del Código Penal venezolano:

Artículo 430: La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años.

 Artículo 431: El que hubiere provocado el aborto a una mujer, con el consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta meses.

Asi pues, resulta urgente poner en discusión pública, este tema tan sensible en nuestra sociedad. Día a día mueren niñas, adolescentes y mujeres o estas son obligadas a cumplir con el rol histórico impuesto por el heteropatriarcado de reproducir, criar y mantener la especie, sin tomar en cuenta el derecho de cada unx de nosotrxs decidir por nuestro propio cuerpo. Es una tarea de todxs desmontar esa idea errada que aportan las religiones sobre el aborto, satanizándolo y tildando de asesinas a aquellas mujeres que simplemente deciden por la razón que sea no continuar con un embarazo no deseado o que al despenalizarlo contribuiría a consentir la promiscuidad. Si realmente la Asamblea Constituyente es un espacio de reflexión y acción es el momento de que las mujeres, lesbianas y trans venezolanxs tengamos la oportunidad de que el Estado promueva e instaure el aborto legal y seguro, por la no criminalización, por nuestra salud, por nuestro derecho a decidir, por nuestra vida.

Virginia Elvira Becerra



lunes, 15 de mayo de 2017

La Asamblea constituyente, una puerta al reconocimiento 




La República Bolivariana de Venezuela se agita nuevamente ante la posibilidad de replantear sus fundamentos. La Carta Magna, el máximo instrumento legal de la nación que erige las normas sociales de convivencia y ciudadanía se debate colectivamente brindándonos la posibilidad de repensar los estatutos sociales de derechos y de justicia.

 Frente a este escenario les disidentes sexuales, quienes venimos trabajando en propuestas legislativas inclusivas que nos garanticen el goce de los derechos humanos “universales” desde hace décadas, entendemos la oportunidad que la Asamblea Nacional Constituyente representa para desempolvar dichas propuestas que han permanecido relegadas por ser consideradas “inoportunas” para el contexto social, o simplemente porque son rechazadas por los representantes del poder público guiados por preceptos homo-lesbo-transfóbicos (y en muchos casos endohomofóbicos).

Las exigencias de la disidencia sexual nacen del deseo y la necesidad de reconocimiento como humanos, debido a que solo en la medida en que se nos reconoce nos constituimos como seres sociales viables y por tanto garantes de derechos. De acuerdo con Judith Butler el reconocimiento surge de la aproximación a términos sociales variables y son éstos los que delimitan lo que se considera “humano”.1 Así lo humano se codifica y se concibe de forma diferencial a partir de condiciones como el sexo, la raza, la morfología, la clase y una amplia serie de categorías sociales. Esta estandarización de lo humano aunque se realiza fundamentalmente en el plano ideológico, repercute directamente en una legislación que restringe ciertos derechos para algunes a partir de su disimilitud con las normas sociales.

 La Constitución vigente propugna en el Art. 21 el principio de no discriminación fundadas en la raza, el sexo, el credo… más adelante establece que “la ley garantizará las condiciones para la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables”2. A pesar de estos preceptos, y de los diversos acuerdos internacionales suscritos por el estado que tienen jerarquía constitucional, no existe en Venezuela leyes específicas que comprometan al Estado a garantizar y proteger el derecho a la igualdad y no discriminación de las lesbianas, bixesuales, homosexuales, trans e intersex como tampoco desarrolla planes políticas, programas y servicios públicos orientados a la protección y atención de estas personas. No existe legislación ni políticas para procesar judicialmente los actos de violencia a personas LGBTI por razón de orientación sexual y expresión de género ni mecanismo alguno para la protección legal de las parejas del mismo sexo.

 En vista de esta divergencia entre los principios de no discriminación de La Carta Magna vigente y la realidad material de esta población, la Asamblea Constituyente se perfila como una posibilidad para la transformación de los términos sociales cuya condición de variabilidad es la base que sustenta las demandas de cambio y la posibilidad de alcanzarlos. Una oportunidad para hacer las vidas mas habitables que tiene plena vigencia en sus nueve objetivos programáticos de este proceso.

Los diversos movimientos LGBTI, sexo diversos, lésbicos feministas y de la disidencia sexual ya iniciamos la labor de postular nuestras demandas en todos los espacios donde alcanzamos colarnos (dado que el estado no considero a la conformación de un estado mayor de la sexo diversidad ni un encuentro para el debate con este sector y una vez más se nos limita la participación a los espacios de las mujeres donde históricamente permanecemos relagades en virtud de considerarnos “minoría”, y nuestras demandas secundarias a las de las mujeres heterosexuales). Confiamos en que esta puerta al reconocimiento no se cierre nuevamente frente a nuestras narices bajo pretextos religiosos colonialistas ni esencialismos sexuales ortodoxos y que esta nueva etapa del país signifique verdadera inclusión y equidad más allá de la demagogia.

 1. Judith Butler, Deshacer le género, pág 14
2. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999

Betania Vieras
Betania.vieras20@gmail.com
  Valencia, Edo. Carabobo

Mujer, lesbiana, pobre y tercermundista Mi primer acercamiento al feminismo surgió a partir de la circunscripción en las categorías “...